Amenazas de Bombas: Tres menores demorados y un mayor que fueron sorprendidos en sus casas

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Ya suman 2800 los llamados al 911 que denuncian amenazas de bombas en los colegios de la provincia de Buenos Aires, desde el mes pasado hasta ayer. Las autoridades comenzaron a tomar acción y la idea es que estos llamados dejen de ser un juego de niños.

Tres adolescentes y un mayor acaban de quedar detenidos por falsas amenazas de bomba en colegios de zona oeste y sur de la Provincia. Los agentes siguieron la pista de los números telefónicos y allanaron las casas señaladas, poniendo frente a frente a los sospechosos con las pruebas que los incriminaban.
Una vez identificados los domicilios en cuestión la policía ingresó con una orden de allanamiento a las casas y recolectó todos los teléfonos móviles que había en cada lugar. En presencia de sus dueños, con los dispositivos sobre la mesa, se procedió luego a llamar a los números desde los que se habían hecho las amenazas, según los registros.
En el último tiempo las amenazas de bomba se convirtieron en un problema mayor para las autoridades de la provincia de Buenos Aires. Cada operativo tiene un costo de 30.000 pesos y obliga a movilizar distintas fuerzas de seguridad que mientras atienden esos llamados podrían estar, entre otras cosas, descuidando verdaderas emergencias.
Es por eso que se reforzaron las medidas para alertar a la comunidad de la gravedad de este delito. Tres chicos de 11, 13 y 17 años, junto con el padre de una menor, fueron demorados en las últimas horas por la Policía de la provincia de Buenos Aires tras distintos operativos.
En la zona de Moreno, Ituzaingó y Morón, a raíz de una investigación federal, se demoró a los tres jóvenes por hacer al menos trece llamados de estas características. Además, en los operativos realizados por efectivos de la DDI Morón, se secuestraron diez celulares usados para cometer las amenazas.
El joven de 17 años está sospechado de hacer al menos cuatro falsas amenazas de bomba al colegio Jefferson de Ituzaingó Nº 562 de Moreno, escuela a la que sin embargo no asiste. Una de las hipótesis es que podría haber realizado esos llamados a pedido de amigos o conocidos que creyeron que de esa forma podrían despistar a los investigadores.
En tanto, el de 13, está imputado de hacer lo propio a los colegios J.B. Alberdi, de Santa Rosa (al que asiste), Arias de Castelar Norte y Colegio Americano. “Tenemos verificadas al menos siete amenazas”, dejó saber uno de los policías que participaron de los operativos.
Por su parte, el chico de 11 habría llamado al menos dos veces a su propia escuela, que es la Escuela Técnica 2 de Moreno, en esta causa que es llevada adelante por el Juzgado Federal N° 3 de Morón.
Por otro lado en zona sur, en Quilmes, un hombre de 42 años, padre de una menor de 14 que habría usado el celular para realizar amenazas de bomba, fue demorado por la Policía de la provincia de Buenos Aires en el marco de una causa caratulada de “intimidación pública” a raíz del mismo accionar.
El operativo fue llevado a cabo por efectivos de la Comisaría Quinta de Quilmes, junto con la Policía Local y el grupo GAD, en una casa de Barrio Parque, ubicada en la calle Avenida de la Plata al 4700 de esa ciudad.
En el lugar se demoró al padre de una chica, quien aparentemente es la que usa el celular utilizado para llamar al Colegio San Clemente, ubicado en San Mauro entre 390 y 391 de Quilmes.
Además se secuestró el teléfono celular marca Iphone modelo S5 de color celeste, que sería el usado para hacer las llamadas. Interviene la UFI nº 07 del Departamento Judicial de Quilmes.

ritondo
Las autoridades se muestran preocupadas por el incremento en este tipo de denuncias. “Lo que venimos diciendo con María Eugenia Vidal es que no es una broma, es un delito”, dijo Cristian Ritondo, ministro de Seguridad de la provincia. Informó que todos los días se realizan entre 15 y 20 allanamientos desde Justicia Federal y Provincial. “Los padres deberán hacerse responsables por lo que le cuesta al estado”, agregó.
Para mitigar este conflcto, el Senador Provincial Andrés De Leo presentó un proyecto de ley que prevé entre 5 y 30 días de prisión para los responsables de amenazas telefónicas. Cuando la falta sea cometida por un menor de edad, como sucede en muchos de estos casos, serán los padres o tutores los responsables y serán ellos los sujetos de la sanción.

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