Análisis del incremento en los nuevos cuadros tarifarios de gas natural en los sectores residencial y no residencial

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Por Ariel Miño, doctor en Gobierno y Administración Económica. Docente del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, Investigador Fundación Generación del Sur.

En octubre de 2016, se gestó los nuevos cuadros tarifarios, luego de que la Corte Suprema de Justicia, frenara los incrementos de gas natural implementados a través de la Resolución MINEM N° 28/2016 y ordenara a la realización de la Audiencia Pública. La Resolución MINEM 212/2016: A) Modifica los precios del PIST, los cuales deben ser examinados y probados por el Ministerio cada 6 meses, hasta tanto los precios sean determinados por la oferta y la demanda; B) Instruye al ENARGAS a readecuar las tarifas de transporte y distribución a cuenta de la RTI; C) Establece un Programa de Ahorro y uno de Tarifa Social; D) Fija topes a los aumentos por categoría residencial y zona cuya diferencia es pagada por el Estado. Del análisis de los nuevos cuadros tarifarios se destaca que:
Después de dos años, los aumentos de gas natural siguieron aplicándose, en este sentido la distribuidora Metrogas había solicitado un aumento de hasta el 94 por ciento en el precio del metro cúbico del fluido. El requerimiento formulado por la distribuidora del área metropolitana corresponde a los valores que deberían aplicarse a partir del 1º de octubre, según la recomposición tarifaria que se discutirá en la Audiencia Pública que se llevó a cabo en septiembre del corriente año.
Las cuatro categorías más bajas por nivel de consumo anual, sufrirían los siguientes incrementos en el valor del producto consumido: 122 por ciento para los usuarios R1 y R2.1 (hasta 650 m3); 118 por ciento para los de la R2.2, (de 651 a 800 m3) y 117 por ciento para los de la R2.3 (801 a 1000 m3). Para las categorías siguientes el aumento promedio es de 75 por ciento, y para la categoría R3.4 es del 57 por ciento.
En tanto a los usuarios comerciales, pymes e industrias: con escalones de consumo menores de 1.000 metros cúbicos (Comercios), entre 1000 y 9.000 (pymes) y de más de 9 mil metros cúbicos (Industrias).
Las categorías que tienen mayor impacto en los incrementos en el valor del producto consumido: 234 por ciento para los usuarios P1 y P2 (hasta 9000 m3) y 114 por ciento para los P3 (de 1001 a 9000 m3).

Los factores que inciden en el incremento de las tarifas en el Gas Natural, la caída en el nivel de los subsidios y el aumento del dólar incidieron en el megatarifazo que las distribuidoras reclaman y el Estado convalida con su política. Por otra parte, los nuevos compromisos que el gobierno de Mauricio Macri asumidos con el Fondo Monetario Internacional, obligan a acelerar la retirada del Estado como moderador de las tarifas vía subsidios.
El sendero definido por el entonces Ministerio de Energía y Minería hizo énfasis en la dolarización de las tarifas del gas natural implicando aumentos tarifarios en particular en sectores de la economía que son propulsores genuino de crecimiento.
Desde el año 2016, comercios, las pymes e industrias vienen atravesando un proceso de crisis que se fue profundizando con el correr de los meses del 2018, provocado por la caída de los índices de la actividad y el consumo. Los Comercios, Pymes e Industrias enfrentan un duro contexto recesivo marcado por la caída del consumo, la suba de los costos fijos, las altas tasas que impiden el financiamiento, una fuerte presión tributaria, y ahora se le suma el nuevo aumento en el Gas Natural.
A su vez, en el sector, las variables como: aumentos de tarifas, la caída del consumo, repercuten en empresas que se encuentran directamente paralizadas, generalmente por el impacto de las tarifas de gas y electricidad, que son insumos imprescindibles e irremplazables para la producción industrial. Sumándoles, las deudas que se acumulan, en algunos casos millonarios, y la falta total de respuesta por parte de las corporaciones energéticas y el Estado, a su vez, como consecuencias de esta política económica de ajuste, los trabajadores son propensos a situaciones de gran inestabilidad laboral.

 


A la vez, que si bien se reconoce la necesidad de subsidiar a los sectores más postergados a través de la instrumentación de la tarifa social pretende eliminar el resto de los subsidios a la demanda, lo que impacta fuertemente en la caída del salario de los trabajadores y en el sector comercial e industrial. Por lo tanto, en función a las medidas implementadas por el Estado tendientes a la progresiva reducción de subsidios, adquieren relevancia algunas observaciones. Si se considera que la restricción en la producción local de gas natural es transitoria, se podría suponer que el incremento en los costos de provisión también es temporal. En este marco sería económicamente más eficiente en términos dinámicos que el Estado Nacional subsidie a los sectores industriales hasta tanto nuestro país vuelva a tener gas abundante y, por ende, más económico.
Adicionalmente, sería deseable proteger el ingreso disponible de los hogares en el corto plazo de las oscilaciones coyunturales en los precios internacionales del gas natural, a través de la absorción por parte del Estado Nacional de dichas variaciones en el corto plazo. En particular, ante elevaciones significativas en los precios de importación que generarían caídas significativas en los ingresos de los hogares ante el traslado a la demanda de la totalidad del costo de provisión. Por lo tanto, si bien los subsidios masivos a la demanda de gas son ineficientes en términos económicos y distributivos, en ciertas coyunturas se justifican en términos dinámicos. Más aún la tarifa social destinada en la actualidad sólo a los hogares ubicados, por lo general, entre el 20% de los hogares de menores ingresos debería ser ampliada tendiendo a aminorar el impacto de los incrementos en el precio del gas natural en los hogares que se encuentran por debajo de la mediana de la distribución del ingreso. Esto no implica la aplicación de una tarifa social indiferenciada sino una tarifa social progresivamente más reducida a medida que se incrementa el ingreso promedio de los hogares. En otras palabras, una tarifa social que permita disminuir los diferenciales existentes en la proporción del ingreso disponible destinado al pago de la factura de gas natural entre los hogares de los diferentes estratos sociales.

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