Bonadío procesó a Cristina por la causa de los cuadernos y le dictó prisión preventiva

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La medida también alcanza al ex ministro Julio de Vido y a los empresarios que declararon como arrepentidos.

El juez federal Claudio Bonadío dicto el procesamiento y prisión preventiva de Cristina Fernández por considerarla “jefa de una asociación ilícita” en la causa de los cuadernos El magistrado debe enviar un pedido de desafuero al parlamento pero parece difícil que prospere. El jefe de bloque del peronismo, Miguel Pichetto, ratificó este lunes que no acala el desafuero de un senador cuando la causa está en período de instrucción.
Bonadío le dictó un embargo por 4 mil millones de pesos a la ex Presidenta amparado en los testimonios de empresarios pero también de ex funcionarios que declararon como arrepentidos.
Del ámbito empresario, Aldo Roggio, Carlos Wagner, el primo del Presidente, Angelo Calcaterra, Gabriel Romero, Luis Betnaza, Gerardo Ferreyra, Néstor Otero y Juan Carlos Lascurain fueron procesados por el juez. Javier Sánchez Caballero, hombre de confianza de Mauricio Macri y ex empleado de IECSA fue beneficiado con la falta de mérito.
Julio de Vido estuvo incluído entre los procesados, al igual que sus ex subalternos en el Ministerio de Planificación, Roberto Baratta y José López, aunque los tres están detenidos. López, como el ex funcionario Claudio Uberti fueron dos de los que dieron su testimonio como arrepentidos.
El operador judicial Javier Fernández y el ex magistrado Norberto Oyarbide y el ex secretario de la Presidencia, Oscar Parrilli fueron alcanzados por la medida. El chofer Oscar Centeno, quien habría redactado los cuadernos que dieron origen a la investigación, seguirá imputado.
El auto de procesamiento despliega una extensa explicación del mecanismo de corrupción montado durante los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner, con un lenguaje llano y confirma que finalmente el juez decidió dejar de lado el polémico recorte d elos hechos investigados que había fijado en el 2008, para que comprenda los tres mandos del matrimonio Kirchner, una decisión mucho más lógica.
“Se tratará de explicar de manera lo más clara y llana posible lo que sucedió en la República Argentina entre los años 2003 a 2015, donde una colusión de funcionarios y empresarios, hizo funcionar una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad, que dejaba al pueblo más humilde sin cloacas, sin agua corriente, sin servicios, sin transporte seguro, etc., etc., y todo esto se hizo para distribuir coimas a funcionarios corruptos a cambio que, por avaricia y codicia, ese selecto grupo de empresarios también se llenaran los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones, sosteniendo a posteriori un discurso acomodaticio y cobarde, pretendiendo haber cedido a las presiones oficiales, en bien de cuidar sus empresas y los puestos de trabajo de sus empleados”, sostiene el escrito en su inicio.
“Esta mecánica funcionaba más o menos así: para ganar una obra pública, la explotación de un corredor vial, una concesión de transporte ferroviario o ser beneficiado con la asignación de subsidios al transporte automotor o empresas prestatarias de bienes y servicios por cuenta y orden delEstado Nacional, una empresa o grupo de empresas -UTE- entregaban un porcentaje de lo que el Estado Nacional les pagaba, a los funcionarios que Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández designaban para esos menesteres a fin de recibir esos “retornos” o “coimas””, continúa el texto de Bonadío.
Quien agrega que los costos de esas contrataciones “estaban “inflados” en perjuicio del conjunto de los argentinos y con el sólo objetivo de enriquecer ilícitamente a funcionarios y empresarios corruptos”. Y agrega que los fondos recaudados “eran utilizado para sufragar de manera ilegal actividades de naturaleza electoral o vinculadas a la gestión política del gobierno y de organizaciones satélites”, así como “para comprar voluntades del Poder Judicial o funcionarios que supieron trajinar algún organismo vinculado a tareas de inteligencia política”; aunque “el grueso fueron destinados a engrosar de manera espuria e ilegal, el patrimonio personal de quienes entre los años 2003 y 2015 ocuparon los más altos cargos de la República”.

En su resolución Bonadío defiende el hecho de no contar con el original de los cuadernos y sostiene que los mismos sirvieron como un “indicio” para conseguir las pruebas que sostienen el auto de procesamiento.
Los procesamientos cierran esta etapa de la investigación y confirman la sorpresiva decisión de Bonadío de no llamar a indagatoria al CEO de Techint, Paolo Rocca, pese a que dos de sus ejecutivos de máxima confianza, Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, confesaron haber pagado coimas a funcionarios del kirchnerismo. Esta excepción es vista en Tribunales como una mancha mayúscula en la investigación que pone en riesgo la integridad de la causa.
El otro tema muy delicado que debe abordar la Cámara es el presunto forum shopping inicial, ya que Bonadío se quedó con la causa sin sorteo previo. Varios de los estudios penalistas más importantes del país que trabajan para empresarios que podrían terminar la semana procesados, saben que ese es el talón de Aquiles de la causa. Pero la cámara camina por un sendero muy estrecho: Entre defender el principio de legalidad y sus propios pronunciamientos previos sobre casos de forum shopping

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