Boudou, culpable por Ciccone: 5 años y 10 meses de prisión y con detención inmediata

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El Tribunal Oral Federal 4 halló al exvice de Cristina Fernández “penalmente responsable” de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. Se lo inahibilitó de por vida para ejercer cargos públicos.

El tribunal integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel, María Gabriela López Iñiguez y Jorge Gorini también condenó a José María Núñez Carmona, amigo y socio de Boudou, a 5 años y 6 meses de prisión; a Nicolás Ciccone, exdueño de la imprenta Ciccone, a 4 años y 5 meses.
Núñez Carmona y Ciccone también cuentan con una orden de inmediata detención. En el caso de Ciccone será de cumplimiento domiciliario.
Alejandro Vandenbroele, amigo de Núñez Carmona y considerado testaferro de Boudou para quedarse con la imprenta, fue condenado a dos años en prisión en suspenso. Considerado “partícipe necesario”, su prisión no será de cumplimiento efectivo y deberá realizar tareas comunitarias.
El juez Ariel Lijo interpretó que Boudou se interesó para que se levantara la quiebra de la imprenta Ciccone Calcográfica y para quedarse con el 70% de sus acciones, como coima, por lograr salvarla.
La fiscalía había pedido una pena de 5 años y 6 meses para Boudou, al igual que la Oficina Anticorrupción. La Unidad de Información Financiera (UIF) había solicitado 6 años y la detención.
En cuanto a Rafael Resnnick Brenner, ex jefe de asesores de la AFIP, y Guido Forcieri, ex funcionario del Ministerio de Economía, también fueron condenados a 3 años y 2 años y medio en suspenso, respectivamente.
Más temprano, Boudou hizo uso de las últimas palabras. “Hay un relato construido en este juicio, muchas cosas se desbarataron”, afirmó, y recalcó: “Jamás negocié por mí o terceras personas el 70 por ciento del paquete accionario de Ciccone”.
Luego, sostuvo que las acusaciones por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública no tienen ningún sustento.
“Los políticos que deciden transformar la libertad son perseguidos, primero por los medios y luego por la administración de Justicia”, agregó Boudou, quien dijo que en este proceso se está “tomando revancha” en su contra por cambiar la política de las AFJP durante su gestión.
“Quiero dejar este testimonio para todos los jubilados, para los niños, para todas y todos. La única verdad es la realidad”, cerró Boudou.

Cronología del caso Ciccone
La causa judicial por el salvataje de la empresa Ciccone Calcográfica en la que el vicepresidente Amado Boudou fue llamado a indagatoria, se inició a principios de 2012 por la denuncia del abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, ante la Cámara Federal porteña.
Poco después, el programa de radio del periodista Jorge Lanata emitió una entrevista con Laura Muñoz, la ex esposa del monotributista Alejandro Vandenbroele, quien mencionó la supuesta relación de su ex marido con el ya por entonces vicepresidente.
La causa recayó en el juzgado federal de Daniel Rafecas, con intervención del fiscal Carlos Rívolo,
Rívolo dispuso un allanamiento en el departamento ubicado en Juana Manso al 700, en Puerto Madero, del cual Boudou era su titular, y alquiló al abogado Fabián Carosso Donatiello. En ese departamento vivió Vandenbroele, pues en el operativo se encontró recibos a su nombre de pago de expensas y el servicio de cable, y éste justificó que supuestamente lo subalquiló a su amigo Carosso Donatiello.
En la Semana Santa de 2012 Boudou, desde el Senado, denunció irregularidades en la investigación que derivaron en la renuncia del procurador general de la Nación, Esteban Righi.
Poco después, la Cámara Federal apartó a Rafecas, le asignó la causa al juez Ariel Lijo y en consecuencia, desplazó a Rívolo como fiscal de la causa.
En agosto 2012, el Congreso sancionó la ley de expropiación de la ex Ciccone Calcográfica, que por entonces estaba en manos de la empresa The Old Fund, que el juez Lijo sospecha que pertenecía a Boudou.
Desde entonces, la defensa de Boudou planteó nulidades, excepción de falta de acción y otros recursos con el objetivo de desvincular al vicepresidente de la investigación.
En febrero de 2014, el fiscal Jorge Di Lello pidió la indagatoria de Boudou, en un dictamen en el que le imputó el delito de “negociaciones incompatibles” con la función pública.
Luego, el juez Lijo procesó al entonces vicepresidente de la Nación por considerarlo responsable de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública.
“Amado Boudou, junto a José María Nuñez Carmona, habrían adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, mientras Boudou era Ministro de Economía, a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele, con el fin Poder Judicial de la Nación último de contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes y documentación oficial”, fue la conclusión a la que arribó el magistrados.
La resolución fue ratificada por la Cámara Federal y luego por la Cámara de Casación, de manera que la causa llegó a juicio oral y finalizó con la condena de todos los imputados.

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