Transcurridos los primeros días del año 2018, ya se perfilan las dificultades que tendrán que atravesar los trabajadores a medida que vayan pasando los meses. El anuncio del aumento en el transporte público y los combustibles, así como el incremento en las tarifas de los servicios con su consiguiente traslado a los precios de los bienes de primera necesidad, no hacen otra cosa que empeorar y precarizar la vida cotidiana de la mayor parte de la población. En este contexto general se enmarca el deterioro del funcionamiento de la Salud Pública en todos los niveles, situación que venimos advirtiendo y denunciando desde hace muchos años y que ha sido eje fundamental en nuestros reclamos.
En el Primer Nivel de atención, bajo responsabilidad de los gobiernos municipales, los bajos salarios y la precarización laboral en sus múltiples variantes (contratos temporarios, locación de obra, a destajo, programa médicos comunitarios, monotributistas) traen como consecuencia no sólo una conformación de equipos inestable que afecta el desarrollo de las tareas, sino que abre la puerta con enorme facilidad a los despidos y al intento de disciplinamiento de quienes pretenden organizarse para mejorar esas condiciones. La primera semana del año nos encuentra exigiendo que se reviertan los despidos de trabajadores de la Salud en Tres de Febrero, Quilmes y La Plata, decisiones que significan, además, dejar sin atención a numerosos sectores vulnerables de barrios y localidades.
El Gobierno nacional también viene sosteniendo relaciones laborales que no se ajustan a derecho, prolongando en el tiempo contratos precarios y utilizando ese mecanismo para despedir, cambiar las condiciones de trabajo unilateralmente y, otra vez, disciplinar a quienes se agremian y reclaman. El Hospital Nacional Posadas lleva muchos años en esa situación y ninguna de las administraciones anteriores tomó la decisión de modificarla. La conducción actual, por su parte, no cesa de profundizar aún más la inestabilidad, el amedrentamiento y el avance sobre los derechos de los trabajadores.
En los hospitales y centros de salud que dependen del Gobierno provincial, como resultado de muchos años de lucha sostenida, los profesionales de la salud trabajamos en condiciones de estabilidad, bajo un marco legal que estamos dispuestos a continuar defendiendo en todas las instancias que sea necesario hacerlo. En ese sentido, los conflictos en las paritarias de los dos últimos años tuvieron en el centro lo salarial, pero también la indispensable regularización de quienes habían ingresado en calidad de becarios y permanecían sin acceder a la condición de interinos por falta de voluntad política de los gobiernos, el anterior primero y el actual después. En una de las paritarias de 2016 se acordó que, de ahí en adelante, ningún profesional más ingresaría a la Carrera Profesional Hospitalaria en otro carácter que no fuera el que prevé la ley. Se trata de una conquista de CICOP y, frente al panorama general, es necesario valorarla y hacerla valer.
En la misma línea, tanto en 2016 como en 2017, alcanzamos acuerdos para que se interinicen los profesionales becarios del sistema. Ha sido una pelea muy dura lograr que se cumplan tales acuerdos, habiendo sido motivo de numerosos reclamos de nuestra parte a lo largo de este último tiempo. Aunque con bastante demora, hemos logrado que en la última semana de 2017, como consecuencia de nuestra fuerte presión, otros 260 becarios accedieran a su interinización. Consideramos un nuevo paso en la lucha de CICOP por mejorar las condiciones laborales, promoviendo equidad de derechos de todas los que laboran en el sistema. Seguiremos bregando para que todo el personal sanitario tenga su cargo estable, así como salarios dignos y acordes a las necesidades del sector que representamos.
La política de ajustar en Salud
El personal de los centros de salud y hospitales públicos bonaerenses no alcanza para cubrir las necesidades sanitarias de una población que ha crecido en número y en necesidades. Así lo venimos denunciando, exigiendo reuniones donde se aborde integralmente la compleja situación en la que nos encontramos. Al día de hoy, estamos lejos de tener asegurados los planteles básicos en la mayor parte de los establecimientos, ya sea en el conurbano o en las principales ciudades de la provincia.
La falta de cargos disponibles en todas las áreas, con salarios y condiciones de trabajo que no son ni dignas ni deseables, cuyo origen está en presupuestos notoriamente insuficientes, configuran un panorama por demás preocupante. Poner el acento principalmente en cubrir los servicios de emergencia, como ha hecho esta gestión, deja otros lugares peligrosamente diezmados y sin poder garantizar la atención. Así viene ocurriendo con los servicios de pediatría y neonatología de varios establecimientos del conurbano (Bocalandro, Cordero, Eva Perón, Fiorito, entre otros), lo que pone también en riesgo el funcionamiento de toda el área materno infantil. Lo sucedido en el Hospital Magdalena V. de Martínez de Pacheco en estos días, con una Dirección que ordena por escrito que no se atienda a las mujeres embarazadas en lugar de exigir al Ministerio de Salud provincial que asuma de manera urgente su responsabilidad en la cuestión, es inadmisible.
CICOP rechaza todo intento de achicamiento del sistema de Salud Pública que vaya en desmedro de la atención digna y afecte el derecho de los trabajadores a desarrollar la tarea para cual están capacitados en el lugar en el que han sido designados. No estamos dispuestos a aceptar políticas de ajuste en ninguno de los niveles sanitarios y hacemos responsable al Estado de garantizar el derecho y la accesibilidad a la atención de toda la población.
