Clientelismo Macrista en Florencio Varela: La justicia investiga el otorgamiento de más de 5900 subsidios

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Imagen: Gentileza Ambito.com

La Justicia investiga los hechos denunciados por el periodista Mariano Martín del diario Ambito Financiero

Por Mariano Martín- La mitad de los subsidios clandestinos que destinó el Gobierno nacional a desocupados para ser canalizados por punteros propios en los últimos días, previos a la elección general, fue a parar a la provincia de Buenos Aires. El dato surge de un relevamiento sobre datos internos del Ministerio de Producción y Trabajo a los que tuvo acceso exclusivo este diario y que forman parte de la resolución 1177 de la Secretaría de Empleo que el 3 de octubre implementó el programa nunca publicitado ni dado a conocer a intendentes no oficialistas. A partir de la investigación de Ámbito Financiero, dirigentes de Juntos por el Cambio confirmaron en los últimos días que desde el Ejecutivo nacional se les encomendó buscar entre los desocupados de cada distrito potenciales beneficiarios.
El escándalo trepó hasta llegar a la Justicia: el fiscal federal con competencia electoral, Jorge Di Lello, citó para hoy (por ayer) a declaración testimonial al autor de esta nota para pedirle precisiones sobre la resolución interna y otras aristas del caso y abrió una investigación de oficio que promete destino de juicio oral sumarísimo. En la política, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, evitó pronunciarse cuando fue consultada por las denuncias y el candidato a sucederla por el Frente de Todos, Axel Kicillof, dijo que la acusación «es de una gravedad increíble».
El 23 de septiembre este diario publicó por primera vez que el Gobierno preparaba un plan de largo alcance para implementar un bono de $5.000 a desocupados sin otros ingresos. Desde entonces a diario se sucedieron las novedades: la resolución 1177 firmada por el secretario Fernando Prémoli, subalterno del ministro Dante Sica, apartó un presupuesto máximo de 650 millones de pesos para ese destino, con un universo estimado de 114 mil beneficiarios.
El trámite interno en Producción y Trabajo tuvo un primer antecedente que este diario pudo localizar el 25 de septiembre, como consta en una nota de ese día de la Secretaría de Atención Ciudadana y Servicios Federales, a cargo de Tomás Aramburu, quien se dirige a Fernando Prémoli para pedirle la implementación del subsidio. El 2 de octubre el director de Promoción del Empleo, Julián Pascual, informa que la Dirección de Administración y Control Presupuestario hizo saber que era factible ponerlo en marcha mediante «la Partida 5.1.4» denominada «Ayudas Sociales a Personas» de Producción y Trabajo. Ese mismo día Prémoli lo trasladó a Asuntos Jurídicos que da el aval legal, y al día siguiente firmó la resolución 1177.
En los registros internos de la cartera a cargo de Sica figura una proyección de un total de 114 mil subsidios para desplegar en todo el país. En las planillas este diario constató una primera tanda de 105 mil bonos pedidos, de los cuales la ANSES rechazó 25 mil tras señalar que los potenciales beneficiarios no podían percibirlo por estar contemplado en alguna de las incompatibilidades: contar con un ingreso por un plan social, una jubilación o pensión o un programa para desempleados o de entrenamiento laboral.
La altísima proporción de bonos rechazados fue explicada por técnicos de la cartera laboral como propia del apuro y la desprolijidad desplegados por los funcionarios en la implementación contrarreloj del plan antes de las elecciones. Y, sobre todo, porque en muchos casos el pedido partió de punteros políticos sin contar con los resortes de información oficial de un organismo público.

VARELA Y OTROS
La mitad de los 80 mil que efectivamente fueron liquidados por Producción y Trabajo corresponde a la provincia de Buenos Aires. Entre las localidades más involucradas estuvieron Lomas de Zamora, con 11.705 planes; Florencio Varela, con 5.992 y Pilar, 5.601. Entre las restantes provincias la que recibió más subsidios fue Santa fe, con 7.800, seguida por Chaco, 4.900 (casi todos en Resistencia); Córdoba, 4.094; Ciudad de Buenos Aires, 1.481; Jujuy, 693, y Mendoza, 519.
El viernes pasado, y casi tres semanas después de la primera nota publicada por este diario, desde la cartera que preside Sica se contactaron con Ámbito Financiero para brindar una explicación aunque con la salvedad de que no sería oficial y que sólo sería transmitida bajo la modalidad «off the record», es decir sin asignación de un portavoz como fuente. El argumento central fue que la resolución 1177 activó un plan preexistente en el área de Empleo y no implicó la creación de un nuevo plan, por lo que en teoría no era obligatorio que fuese publicado en el Boletín Oficial.
En ese sentido, un vocero dijo que el mismo mecanismo se había utilizado años atrás para asistir a pobladores de la provincia de Corrientes afectados por una inundación. No existen publicaciones periodísticas que dieran cuenta de una atención de esas características llevada adelante por Jorge Triaca, quien por entonces cumplía funciones como ministro de Trabajo. Más allá de ese punto, el funcionario consultado tampoco supo explicar cuál había sido el método para lograr que fuesen ubicados más de 100 mil beneficiarios del bono en tiempo récord sin hacer publicidad alguna del plan y sin darlo a conocer mediante canales institucionales en ninguno de los casos.

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