Huelga de hambre en las cárceles del país por una reforma de ley que endurece las penas

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Esta semana comenzó una huelga de hambre en diferentes cárceles de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. La medida fue impulsada por la cárcel de Devoto para manifestarse en contra de la discusión en el Senado de la reforma de la Ley de Ejecución Penal 24.660.

La reforma que genera rechazo en las cárceles implicaría un recorte de derechos para todas las personas privadas de su libertad, al restringir la posibilidad de salidas y endurecer las penas, desconociendo el estado actual de las cárceles y la vulnerabilidad en la que se encuentran quienes las habitan; y favoreciendo al recrudecimiento de las condiciones de hacinamiento.     

La reforma establece diferencias en la progresividad de la pena según el tipo de delito institucionalizando la desigualdad ante la ley, le brinda mayor poder de decisión y arbitrio al Servicio Penitenciario Federal; y burocratiza el proceso, lo cual alargará el tiempo de permanencia de las personas tras las rejas.

A su vez, el proyecto restringe las salidas transitorias y la libertad condicional, así como también limita las posibilidades de incorporación al régimen de semilibertad, como los casos de los detenidos que trabajan fuera de la cárcel durante el día y regresan al penal por la noche.

El corazón de la nueva ley implica “endurecer” los requisitos que debe cumplir un preso para obtener su libertad, por lo cual desde el lunes los detenidos están llevando a cabo acciones como huelgas de hambre y asambleas para que no se recorten sus derechos.

La iniciativa fue impulsada por el radical Luis Petri y Mónica Litza, integrante del Frente Renovador. Petri, de estrecha relación con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya logró establecer una nueva ley de Ejecución Penal en Mendoza, provincia que se sumó a Río Negro y Misiones, provincias que ya tienen su norma local excediendo la normativa nacional.

En diciembre del año pasado, se presentó un escenario similar cuando el gobierno quiso tratar la reforma y varios penales del país empezaron una huelga de hambre. Esta medida logró dilatar la discusión y conformar una mesa diálogo entre los detenidos y los Poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo; la Universidad Nacional de La Plata, la Comisión Provincial Por la Memoria, entre otros actores.

La mesa de diálogo intentó poner a discutir la cárcel a quienes la viven, quienes atraviesan el encierro y quienes lo administran, poniendo en escena las problemáticas y necesidades que tienen, todos los derechos de los que son privados que exceden la limitación a la libertad ambulatoria. Estos van desde el hacinamiento, la falta de colchones y comida en buen estado, las dificultades para acceder a la educación pública, las condiciones de sanidad. Pero este intento de diálogo, el compromiso que asumió el gobierno de tener en cuenta a los protagonistas, quedó trunco al volver a la carga con la discusión en el Congreso de la reforma.

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