La CIDH objetó fijar el número de desaparecidos por ley

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El gobierno bonaerense confirmó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazó la ley que obliga a reconocer en textos oficiales que fueron 30.000 los desaparecidos durante la última dictadura militar. Es porque la norma viola estándares internacionales.
LaComisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) objetó la ley promulgada en la provincia de Buenos Aires que obliga a decir en comunicaciones oficiales que los desaparecidos en la última dictadura militar fueron 30.000.
El pedido lo hizo a través de una comunicación oficial con la Cancillería Argentina. Desde la CIDH alegan que dicha ley bonaerense contraviene el artículo 13 de la Convención Interamericana de DDHH que protege el derecho a buscar, recibir y difundir información de toda índole.
El secretario de Derechos Humanos bonaerense Santiago Cantón confirmó la comunicación por parte del organismo intenacional y resaltó que la misma “se hace en base a una solicitud de la comisión de DDHH de la provincia”.
“La ley no cumple los estándares: puede haber una ley, un interés legítimo pero el método que se está utilizado parece que no es el legítimo; la norma no es un medio idóneo para alcanzar la verdad”, destacó Canton en declaraciones a radio Mitre.
La ley volverá a ser tratada en la legislatura hasta que “no viole los estándares interamericanos. Hay que buscar cumplir con estas recomendaciones”, sostuvo el secretario. Por otro lado, Cantón resaltó que en el cuestionamiento “no hay una crítica política”.
“Desde la comisión comprenden el espíritu de la ley que es la búsqueda de la verdad y la memoria pero debe respetar otros principios como la libertad de expresión y la búsqueda de la verdad”, afirmó el funcionario.
La ley se sancionó en marzo y fue promulgada en mayo último por la gobernadora María Eugenia Vidal. La misma obliga al a incluir en comunicaciones oficiales de los 3 poderes del Estado las expresiones “30.000 desaparecidos” y “Dictadura Cívico-Militar” toda vez que se haga alusión al último gobierno de facto y a sus víctimas.
La iniciativa fue del senador provincial kirchnerista Darío Díaz Pérez, a partir de una seguidilla de polémicas en cuanto al número de desaparecidos.
La controversia había resurgido con declaraciones del exfuncionario porteño Darío Lopérfido y del entonces jefe de la Aduana, Juan José Gómez Centurión. Hasta el mismo Mauricio Macri dijo que no tenía “ni idea” sobre cuál era la cifra de desaparecidos, además de intentar correr el feriado del 24 de Marzo.
En ese marco, con el repudio de la organizaciones vinculadas a las víctimas de la represión ilegal, se impulsó una ley “anti-negacionista”.
Lejos de alimentar la polémica, la gobernadora María Eugenia Vidal resolvió no vetar la ley.
No obstante, desde el gobierno bonaerense ya se habían expresado en contra de la norma. Fue el mismo Cantón quien había calificado a la ley como “muy mala”.
“Supongamos que un juez tiene que escribir una sentencia, ¿ahí va a tener que decir que son 30 mil desaparecidos? No, es un disparate”, había dicho aquella vez.

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