La Corte apura al Gobierno para que informe qué hace para paliar la superpoblación carcelaria

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La Suprema Corte Bonaerense le dio un plazo de 15 días a los ministros de Justicia y de Seguridad, Gustavo Ferrari y Cristian Ritondo, para que informen respecto de las “políticas, acciones y recursos” destinados a “la superación de los graves problemas generados por las deficientes condiciones de detención de las personas privadas de su libertad”.
La Corte pidió informes respecto de las “políticas, acciones y recursos” destinados a “la superación de los graves problemas generados por las deficientes condiciones de detención de las personas privadas de su libertad”.
El requerimiento surge a partir de un acuerdo fechado ayer, en busca de información respecto de unidades penitenciarias como en comisarías. En concreto, quiere información y documentación concerniente a los “programas concretos de trabajo”, que surge de un compromiso asumido por los ministros durante una audiencia que mantuvieron con el Tribunal el pasado 16 de marzo.
En los fundamentos de la acordada, la Corte mencionó que el viernes 7 de julio pasado se llevó a cabo una “Audiencia Temática sobre personas privadas de la libertad en la Provincia de Buenos Aires” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la ciudad de Lima (Perú). En ese ámbito, comunicaron, la representación del Ministerio de Justicia formuló un informe en relación con el estado de las condiciones de detención en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.
Desde Justicia confirmaron que fueron notificados y que responderán al requerimiento de la Corte. En ese sentido, adelantaron que ya trabajan en los informes respecto de los avances concretados, muchos de los cuales, aclararon, ya se hicieron públicos.
Si bien incluye a Ritondo, el pedido de la Corte compromete seriamente a Gustavo Ferrari, que en agosto del año pasado presentó un plan para “refundar” el Servicio Penitenciario, a partir de una serie de medidas tendientes a reducir la superpoblación carcelaria, mejorar el recurso humano y generar condiciones de habitabilidad de las cárceles.
En los objetivos de corto plazo -hasta 2016- se incluía la “refuncionalización del Hospital Penitenciario, incorporando 60 camas y un quirófano, así como también nuevos espacios para atención de la salud penitenciaria”, garantizar “el acceso a los insumos indispensables a todas las unidades”, así como “garantizar la adecuada provisión de alimentos” además de “trabajar sobre la salud mental y las adicciones de los internos”.

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