La fiscal Federal Silvia Cavallo pidió investigar los fondos destinados a la Universidad Arturo Jauretche

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La representante del Ministerio Público requirió que se investigue el papel de Héctor Timmerman y Julio Pereyra en la gestión de los fondos del FOCEM. El rector de la UNAJ se había defendido en Mayo pasado por este tema.

El ex canciller Héctor Timerman y el intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, fueron imputados por supuesta desviación de fondos públicos por un total de 17 millones de dólares, que debían ir destinados a obras en la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), informo el periodista Daniel Santoro en Clarin del viernes pasado. Pero hasta ayer no habia pronunciamiento de los actores.
La fiscal federal del partido bonaerense de Quilmes, Silvia Ruth Cavallo, requirió el inicio de la acción penal e incluyó, además, al rector de la UNAJ, Ernesto Villanueva, y a la funcionaria de la Auditoría General de la Nación Vilma Noemí Castillo. Es por una denuncia de la diputada Elisa Carrió y su asesora Mónica Frade.
La funcionaria del Ministerio Público dictaminó que se debe investigar el convenio firmado en 2013 entre Villanueva y el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), por el cual la universidad recibiría 26,5 millones de dólares para obras, de los cuales casi 12,5 millones serían aportados por el Estado nacional.
El dinero iba a ir destinado a la construcción de 17 aulas-laboratorios, que se repartirían en cinco para el área de Ingeniería Industrial, cuatro para el área de Electromecánica, siete para el área de Bioingeniería y una para el área de Física.
Del total de los fondos, la UNAJ habría embolsado en 2013 unos 17 millones de dólares pero de los 17 laboratorios sólo se habrían construido dos y las obras de infraestructura e insumos presupuestados no fueron ejecutadas, según informaron fuentes judiciales.
La foto que ilustra estas lineas fue tomada ayer. Se observa solo los cimientos de una obra. Si todo es normal y se trata de un error,. las autoridades deberian haber llamado a una rueda de prensa y hasta haber invitado al colega Santoro. Pero eso no ha sucedido.
Cavallo requirió que se investigue si los imputados cometieron los delitos de “defraudación a la administración pública”, “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, “malversación de caudales públicos” y “peculado”.
Además de rector de la UNAJ, Villanueva es vicepresidente de Relaciones Internacionales en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIJ)

villanueva
En Mayo pasado el rector se defendio con un documento. Rescatamos los parrafos mas significantes: Ese proyecto está financiado por el Mercosur con contrapartida local y cuando esté completado alcanzará una erogación de casi 22 millones de dólares.
Pues bien, la diputada afirma que recibimos esos fondos y que los hemos malversado.
Pero la verdad es muy otra: se nos otorgó esa suma, lo que no significa que la hayamos recibido. Las disposiciones del Mercosur al respecto son muy precisas y restrictivas: el primer desembolso, como máximo, puede alcanzar al 10% del proyecto. En nuestro caso, a mediados de junio de 2014 se nos dieron 219 mil dólares. Para los desembolsos siguientes, hay que rendir el 75% de lo recibido, las autoridades del Mercosur deben aprobar esos gastos, y también rendir la contraparte para que el Mercosur puiede verificar su cumplimiento. Ha habido un segundo desembolso en octubre del 2015 de un millón setecientos mil dólares también ya rendido, y en febrero de este año se nos ha dado el tercer desembolso por un monto de millón y medio, por supuesto, aún no rendido porque todavía no hemos gastado el 75% de lo recibido en este tramo.
La denuncia omite que para que se efectúen el segundo y los sucesivos desembolsos posteriores esta Universidad debió cumplir con la documentación establecida en el Convenio de Financiamiento, a saber: informes semestrales sobre la evolución y ejecución del proyecto; la aprobación de esos informes por parte del órgano pertinente del MERCOSUR; la justificación o rendición de cuentas de por lo menos del 75% de los recursos recibidos en el desembolso anterior; los pagos de la contrapartida nacional del Estado Parte; la comprobación de la inexistencia de falsedades en la información proporcionada por el beneficiario; la acreditación de que no se haya ocultado información, que se hayan aplicado los recursos estrictamente en su objetivo específico definido en el proyecto aprobado; y la notificación del Estado beneficiario de la previsión presupuestaria para efectuar la contrapartida nacional correspondiente al año en curso, según el cronograma previsto.

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