La justicia prohibió a Alberto Pérez y Walter Carbone (el dueño del dragón) salir del país

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(LPO) La jueza de La Plata Marcela Garmendia hizo lugar al pedido del fiscal Álvaro Garganta y resolvió la prohibición de salir del país «sin previa autorización judicial» a Alberto Pérez, ex jefe de Gabinete de Daniel Scioli, a quien además le dictó la inhibición general de bienes.
El ex funcionario está acusado del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y por incumplimiento de los deberes de funcionario público por supuestas maniobras para encubrir gastos irregulares durante la gestión del ex candidato a presidente del Frente para la Victoria.
El fallo alcanza a cinco imputados: Pérez, Walter Carbone, Sandra Alicia Mamberti, Mónica Cecilia Ripamonti y Alejandra Tavelli. Para todos se prohibió la salida del país sin autorización judicial y se dictó la inhibición general de bienes.
Sin embargo, en su fallo -al que LPO pudo tener acceso-, la jueza Garmendia dejó la puerta abierta para una posible medida de restricción de la libertad de los imputados. En la fundamentación de su resolución, Garmendia se distancia de los argumentos del fiscal Garganta, que hasta ahora no solicitó una restricción de la libertad para los imputados. La magistrada considera que por «el tenor de los cargos públicos que tenían» y por «el poder y conexiones sociales inherentes a dichas funciones» no se puede descartar el peligro de que entorpezcan la investigación.
En su escrito, Garmendia ejemplificó ese peligro con una denuncia, anexada a la causa, en la que se investiga la desaparición de cierta «información sensible» del Tribunal de Cuentas bonaerense ocurrida en septiembre pasado. Episodio que, según la jueza, «sólo puede beneficiar a los imputados».

 

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La jueza
Marcela Garmendia
En tanto, si bien Garganta había sostenido que no existe peligro de fuga porque «los causantes son personas de actividad pública y sus abogados concurren y actúan diariamente en la sede de la Fiscalía», la jueza consideró que son «las condiciones personales, asi como la situación socio-económico de los causantes» las razones por las cuales «estimo cuentan con las facilidades necesarias para abandonar el país o permanecer ocultos por el tiempo que dure el proceso».
Pérez y Carbone, acusados por los delitos de «peculado, administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público», negaron haber participado en la sustracción entre 2014 y 2015 de más 10 millones de pesos mediante facturas truchas por servicios brindados para eventos públicos.
El ex jefe de Gabinete bonaerense había prestado declaración indagatoria ante el fiscal que investiga irregularidades en la gestión anterior: dijo que tanto Jefatura como su DGA «se desenvolvían bajo las normativas sancionadas por la legislatura y utilizadas por todos los gobiernos anteriores y que se encuentra en plena vigencia».
En esa oportunidad Pérez negó ante el fiscal Garganta su participación en la causa por supuestas «facturas apócrifas» denunciadas por la diputada nacional Elisa Carrió que dio inicio a la causa.
«La realización de eventos en la provincia de Buenos Aires, se lleva a cabo basado en la legislación vigente, esto es, en el artículo 40 de la Ley 10.189, sus modificatorias y el decreto 288/07, que no establece un procedimiento rígido y determinado», aclaró el funcionario acusado en su declaración.
La denuncia contra Pérez y su equipo derivó de una presentación que en junio realizó en la justicia platense la diputada Carrió contra la administración Scioli, y la causa cayó en la UFI 11 a cargo del fiscal, Álvaro Garganta, bajo la carátula «lavado de activos y distintas defraudaciones a la administración pública».
En el marco de la investigación el 14 de septiembre el fiscal Garganta ordenó un allanamiento en la casa que Carbone tiene dentro del country Abril, ubicado en el kilómetro 33 de la Autopista Buenos Aires-La Plata, donde encontró una caja fuerte de dos metros vacía dentro de una escultura de un dragón.
Pérez fue citado a declarar el 7 de noviembre pasado, mientras que Carbone lo hizo una semana después, y ambos negaron su participación, al igual que los otros ex funcionarios de la Jefatura de Gabinete que están incluidos en la investigación y que ahora quedaron inhibidos y no podrán salir del país sin una autorización judicial.

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