La vicepresidenta pidió autorización para estar ausente en la segunda de las nueve jornadas de alegatos prevista para la acusación fiscal.
(NA) El fiscal federal Diego Luciani embistió ayer contra la falta de supervisión de los organismos de control del Estado que posibilitaron lo que volvió a calificar como un mecanismo de corrupción que se extendió entre 2003 y 2015.
Su colega, el fiscal coadyuvante Sergio Mola, corroboró: “nada de lo que pasó acá hubiera sucedido si los funcionarios que tenían que controlar hubiesen controlado”.
En ese contexto, reflexionó: “si los funcionarios hubiesen funcionado”, en una evidente chicana a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien pidió autorización para no estar presente en la audiencia.
Mola utilizó el juego de palabras para parafrasear a la vicepresidenta, quien inauguró más de un año atrás las críticas internas al gobierno que integra aludiendo a los “funcionarios que no funcionan”.
Si bien en esta etapa los imputados tienen la obligación de estar presentes para escuchar el alegato de la fiscalía, la ex presidenta pidió autorización por razones de trabajo y le fue autorizada la representación por sus abogados, Carlos Alberto Beraldi y Ary Lernovoy.
El fiscal Luciani sostuvo que los funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner y su sucesora “despedazaron el Estado de Derecho”.
El fiscal consideró que “en Santa Cruz se violaron todas las normativas” en materia de prevención contra la corrupción.
En ese sentido, describió todos los tratados internacionales en materia de combate contra la corrupción a los que la Argentina se adhirió e incluso incorporó a su Constitución.
“Entre 2003 y 2015 en la Argentina se vulneraron todas esas normas”, disparó.
Fiscal adjunto Sergio Mola
La segunda jornada del alegato tuvo reiteraciones abundantes de opiniones sobre las conductas de los imputados pero menos sustancia que la primera de las nueve previstas en total.
Gran parte de la audiencia, que se extendía bien entrada la tarde, fue dedicada –especialmente por el fiscal Mola- a describir los expedientes de las 51 obras públicas en Santa Cruz por las que deben responder los imputados.
En ese marco, el fiscal sostuvo que se pretendió aplicar la legislación provincial en materia de obra pública cuando, por tratarse de fondos provenientes del Poder Ejecutivo Nacional, debió regir la ley nacional sobre los contratos de obras públicas.
Ambos fiscales coincidieron en que en los procesos licitatorios de obra pública deben respetarse los principios de “absoluta igualdad entre los licitantes y el cumplimiento estricto en las cláusulas del pliego de condiciones, que es la ley”.
“Estamos en condiciones de asegurar que en ninguna de las 51 se respetaron estos principios rectores. Estas máximas transgredidas sistemáticamente son un baremo objetivo al cual ninguna administración puede apartarse si no quiere incurrir en arbitrariedades o aumentar el riesgo de corrupción”, contrapusieron los fiscales.
“Fue muy simple vencer estar barreras porque se instauró un sistema diseñado para ello”, insistieron.
Luciani y Mola hicieron se esmeraron en refutar uno de los argumentos de defensa, cual es que los fondos para las obras en Santa Cruz eran transferidos a la provincia y era la gobernación la que se encargaba de ejecutar los trabajo.
Para Luciani, esa “triangulación” era la “forma irregular de burlar las leyes”.
Así, cuestionó la modalidad de la realización de obras “por convenios” instrumentada para llevar adelante las obras en la provincia patagónica.
“Se utilizó un instrumento legal para realizar una maniobra ilegal en 47 de las 51 obras asignadas al Grupo Báez. Más aún, de 83 obras que se hicieron en Santa Cruz, 79 se hicieron por convenio”, un porcentaje que comparó con otras provincias, en que las obras “por convenio” fueron muchas menos.
Además, acusó al difunto ex presidente Néstor Kirchner de haber modificado la normativa que regía en Santa Cruz cuando él era gobernador cuando llegó a la presidencia de la Nación, y aseguró que esa fue una herramienta para garantizar lo que definió como un manejo corrupto.
Mola, por su parte, afirmó que “la decisión política de realizar obras por convenios fue una orden emanada de los encargados de cuidar los fondos del Estado”.
“Una metodología establecida para eludir todo tipo de control”, insistió.
Ambos fiscales se mostraron redundantes y reiterativos en conceptos sobre los que ya habían avanzado en la primera jornada de alegatos, tales como “las licitaciones fueron una ficción”, “aunque parezca increíble, señores jueces, la maniobra se perpetuó durante 12 años” y “Lázaro Báez era Néstor Kirchner y Cristina Fernández”.
