Peligra el funcionamiento de universidades públicas por los recortes presupuestarios

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El Consejo Superior de la Universidad Nacional Arturo Jauretche declaró la sesión permanente ante el recorte presupuestario que peligra el cobro de sueldos a partir de noviembre y se suma así al reclamo de la Universidad Tecnológica Nacional.

Por medio de un comunicado, el Consejo Superior de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) decidió declararse en sesión permanente por la restricción presupuestaria que vienen denunciando ante el Gobierno desde comienzo de año y que no tuvo respuestas.
Según plantean, el presupuesto aprobado a la Universidad sólo llega a cubrir el pago de sueldos y gastos básicos de funcionamiento hasta poco más de los primeros meses del año. Es decir que a partir de noviembre los salarios no están asegurados y el funcionamiento académico podría sufrir una crisis importante.
Es por esta grave situación que alertan a la comunidad universitaria porque sostienen que “la dinámica del segundo cuatrimestre puede verse seriamente afectada”. Convocan a unificar esfuerzos para garantizar la normal actividad de la Universidad.
De esta manera, la UNAJ se suma al reclamo de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) que días atrás denunció al Gobierno por adeudar 200 millones de pesos y 4 mil millones a todo el sistema universitario.
La casa de estudios, uno de las principales instituciones que forman ingenieros en el país y con varias sedes en la Provincia de Buenos Aires, denunció además que esta maniobra se trata de una “Subejecución de fondos”, lo que desemboca en un “ahogo presupuestario” para la Universidad.
“Esta deuda le imposibilita a las casas de estudio poder pagar gastos de funcionamiento, obra de infraestructura adeudadas, servicios públicos como gas, agua, internet y electricidad, e inclusive para pagar becas estudiantiles y de investigación”, detallaron preocupados.
Y esto se veía venir, porque en marzo, al inicio del ciclo académico, el Ministerio de Educación confirmó una reasignación de fondos en detrimento de las universidades públicas y también anunció la suspensión de obras de infraestructura.
El recorte anunciado era de tres mil millones de pesos en el presupuesto del sector, número mucho menor al que denuncian las universidades. Lo grave de la situación es que alrededor del 90% del presupuesto de las universidades es salario, por lo que el ajuste afecta el funcionamiento, becas estudiantiles, comedores, programas especiales.

DECLARACION
del consejo
superior
La educación superior es en la Argentina un derecho social reconocido por la Constitución Nacional. A lo largo de la historia podemos encontrar hitos que fueron poniendo este derecho, a través luchas populares que propiciaron políticas estatales concretas, al alcance de los sectores populares.
Entre esos hitos podemos nombrar a la Reforma Universitaria de 1918, de la que se están cumpliendo 100 años, el decreto que impuso la gratuidad de la educación superior de 1947, la creación de la UON (Universidad Obrera Nacional, hoy UTN) en 1948 y la incorporación de los Nodocentes al cogobierno en 1974. En cada uno de estos momentos lo que se verificó fue una democratización creciente del derecho a la educación, que no es otra cosa que decir que cada vez mayor cantidad de personas veían facilitada la posibilidad de acceder a la Universidad y a su gobierno cada vez con menos distinciones o dificultades de origen económico.
En la misma línea, en el año 2009 se crearon una cantidad de nuevas Universidades, las llamadas del Bicentenario o también del conurbano, en razón de que la mayoría de ellas (aunque no todas) se encuentran el localidades del primer al tercer cordón del conurbano.
Esto provocó una verdadera revolución, ya desde los debates parlamentarios que culminarían en la creación de las mismas. Allí se pusieron en cuestión la pertinencia de la creación de las nuevas casas de altos estudios y también el derecho a la educación superior para todos.
Finalmente triunfó la idea de la educación superior como derecho social, con titulares individuales pero con la sociedad como beneficiaria de lo que las universidades saben e investigan. Y la verdadera revolución fue que estas universidades se llenaron de pueblo, de jóvenes y no tanto, la gran mayoría primera generación de estudiantes universitarios en sus familias, dispuestos a romperse el alma por aprender, avanzar en sus estudios y terminar sus carreras. Un número que ilustra el fenómeno: la Universidad de Buenos Aires tiene alrededor de 280.000 alumnos, paradójicamente la misma cantidad que tienen las universidades del conurbano bonaerense todas juntas, lo que quiere decir que todos esos alumnos provenientes en su mayoría de los sectores más humildes de la población necesitaban que el estado hiciera posible su derecho a la educación superior simplemente poniéndola a su alcance, reparando la injusticia de una selección determinada simplemente por el lugar de nacimiento, por su condición socioeconómica o por la lejanía geográfica con las sedes de las universidades tradicionales.
Es por eso que asistimos indignados, al igual que gran parte de la sociedad argentina, a un nuevo ataque discursivo contra las Universidades públicas, esta vez en la voz de la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.
Estas declaraciones, que el Consejo Superior de la Universidad Arturo Jauretche repudia enérgicamente, en realidad enmascaran el convencimiento de la gobernadora (y del partido que representa) de que los estudiantes universitarios solo pueden ser los hijos de una elite de rasgos reconocibles y fácilmente identificables por su pertenencia social, nivel económico y por sus lugares de residencia, en un claro acto de desprecio y segregación en contra de los sectores populares que habitan las universidades del conurbano bonaerense.
Por todo esto, declaramos nuestro compromiso con la defensa de la Universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad, desde el convencimiento de que la misma es imprescindible para el desarrollo profesional, el crecimiento socioeconómico y la generación de investigación y conocimiento vinculado al desarrollo local, sobre todo para aquellos sectores sociales que han sido históricamente privados de ella.

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