Preocupación del Obispado de Quilmes por amenazas de bombas a colegios de la grey

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La provincia ya cuenta con más de 120 causas judiciales por estas falsas amenazas

(Comunicado del Obispado) Desde hace varias semanas estamos viviendo un desconcierto absoluto y un temor preocupante ante las reiteradas amenazas de bomba que se vienen haciendo en varias escuelas de la región, muchas de ellas pertenecientes a congregaciones religiosas o al Obispado de Quilmes. Esto no solo atenta contra el desempeño escolar cotidiano de las instituciones educativas amenazadas sino también, pone en riesgo la integridad de los niños, jóvenes y adultos que habitualmente concurren a las aulas. Las evacuaciones que se realizan, según indica el protocolo para estos casos, exponen a todos los integrantes de la comunidad educativa a riesgos innecesarios que se corre en la calle o en las plazas en donde se los traslada para mantenerlos a salvo.
Por eso, frente a esta alarmante situación, la Junta Regional de Educación Católica de la diócesis de Quilmes llama a la reflexión seria y responsable a toda la sociedad en su conjunto:
A los alumnos y a los padres -como primeros educadores de sus hijos-, para que en familia puedan pensar y sacar conclusiones acerca de la importancia del respeto a los otros y a las instituciones.
A los docentes, para que desde sus espacios de enseñanza-aprendizaje sean constructores del pensamiento crítico y del afianzamiento de los valores.
A las autoridades civiles, gubernamentales y de seguridad, para que asumen con decisión y con capacidad operativa el cuidado de la ciudadanía, la investigación de estos delitos y la aplicación de la ley.
A los medios de comunicación, para que sean difusores de la verdad y para que no se desentiendan de la capacidad educadora que tienen en la sociedad.
Repudiamos estas amenazas que atentan contra la seguridad de nuestros hijos y alumnos, y obligan a invertir recursos y tiempos de la policía y de los bomberos voluntarios que podrían ser aprovechado para otras acciones en favor de la comunidad.
Con este mensaje, el Obispado de Quilmes vuelve a manifestarse en contra de cualquier acción, expresión o idea que ponga en riesgo la integridad de las personas, especialmente de los niños y jóvenes.
Junta Regional de Educación Católica
Obispado de Quilmes

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El ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, dijo al respecto que «hay 120 causas abiertas» contra presuntos responsables de esas intimidaciones públicas. El funcionario aclaró además que el Estado demandará civilmente a los padres de los alumnos responsables de estas acciones.
Esto implicaría que -si avanzan esos expedientes, que en algunos casos son penales y en otros contravencionales-y los acusados resultan condenados, deberían afrontar demandas de entre 25.000 y 50.000 pesos, porque ese es el monto que reclamarán los denunciantes. Es el valor estimado de mover policías, peritos, realizar evacuaciones y otros movimientos logísticos que se derivan de cada denuncia de amenaza falsa.
«Hay mucha gente ya con proceso penal abierto. agregó el funcionario y aclaró que algunos casos están en la Justicia provincial y otros en la Federal.
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«Decidimos avanzar, desde la Provincia de Buenos Aires, en una causa civil contra los padres para que se hagan responsables. Porque lo que le cuesta al Estado esto parece una broma es muchísimo», explicó Ritondo.
En los últimos días hubo un intenso incremento de los episodios en aulas bonaerenses. Según los datos oficiales de Seguridad, en un mes, se registraron 2.800 comunicaciones amenazantes.
Además, también hubo un reflejo institucional. La Legislatura provincial evalúa un proyecto que prevé hasta 30 días de prisión para los responsables de amenazas telefónicas en los colegios. Se propone incorporar como artículo 74º, tercer apartado, al Código de Faltas, un texto que prevé arresto de cinco (5) a treinta (30) días o multa de entre el cincuenta (50%) y el cien (100%) por ciento del haber mensual del Oficial Subayudante del Agrupamiento Comando de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a la persona que intentare o impidiere, valiéndose de correo postal, teléfono, correo electrónico, internet, sitios web y redes sociales virtuales, obstaculizar el normal funcionamiento de un establecimiento educativo de gestión pública o privada.

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