Procesaron a 30 policías por la desaparición y la muerte del joven varelense Franco Casco

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Cinco de ellos son de Asuntos Internos y están acusados por encubrimiento. El joven falleció en 2014 y fue hallado en el río Paraná. Por este caso la Dirección de Derechos Humanos municipal de Florencio Varela ha sido indiferente

Después de tres años, el juez federal Carlos Vera Barros procesó a 30 policías por la desaparición y posterior muerte de Franco Casco, un joven bonaerense de 23 años que fue hallado en el río Paraná muerto y con signos de haber sido torturado.
El magistrado consideró probado que el último lugar donde estuvo la víctima fue la comisaría 7ª de Florencio Varela, localidad bonaerense donde vivía. Según sus distintos grados de responsabilidad, los sospechosos quedaron imputados como autores, coautores y partícipes necesarios por los delitos de desaparición forzada de persona agravado por la muerte.
De la totalidad de agentes procesados, 15 seguirán detenidos por riesgo de fuga y a los 15 restantes se les dio el beneficio de la excarcelación mientras esperan el juicio. Entre los que siguen en prisión está el titular de la Dirección de Asuntos Internos, Aníbal Candia, y el inspector Sergio Damián Pieroni.
De acuerdo al fallo, hay elementos que permiten inferir que Franco fue detenido la noche de 6 de octubre y sometido a torturas en un calabozo de la seccional de Cafferata al 300.
Para el juez, el personal policial fue responsable de la detención irregular de una persona y no aportó información sobre su paradero, con el agravante de la muerte que fue confirmada 22 días después de producirse el hecho.
En este sentido, el magistrado procesó a 25 policías que entonces prestaban servicio en la seccional 7ª como coautores de la desaparición forzada de Casco. A tres de ellos, incluido el entonces jefe, les agregó el delito de torturas seguido de muerte. Y a 15 los ubicó como partícipes secundarios.
Los otros cinco efectivos policiales procesados son personal de Asuntos Internos a los que se les atribuyó el delito de encubrimiento agravado.
“Los hechos perpetrados en el caso de Franco Casco son la continuación de prácticas específicas que el personal de la seccional venía realizando en el contexto de violencia institucional sobre las personas que allí se encontraban privadas de su libertad”, señaló Carlos Vera, que les dictó a todos los procesados un embargo de 20 mil pesos a cada uno.
Se espera que los abogados defensores apelen la resolución judicial. Una de las querellas, aunque mostró su acuerdo general con el fallo, expresó una disidencia con las imputaciones del personal de Asuntos Internos involucrado, por lo que también es probable que exista otra apelación en ese sentido.
Casco llegó a Rosario a principios de octubre de 2014 para visitar a unos familiares en Empalme Graneros. Lo último que se supo de él fue que volvería en un tren a Retiro el lunes 6 de ese mes, pero nunca llegó. Su padre y su madre lo buscaron en comisarías, y en la 7ª les negaron información.
El caso comenzó a investigarse como averiguación de paradero hasta que, luego del hallazgo de su cadáver en el río Paraná, pasó a la Justicia Federal como desaparición forzada. Casi tres años después, a principios del mes pasado fueron detenidos treinta policías ante la posibilidad de haber participado en la desaparición o al menos haberla encubierto. Ayer se dictó el procesamiento de todos.
El fiscal Marcelo Degiovanni recolectó las pruebas, entre ellas los libros de guardia de la seccional y el testimonio de familiares de Casco sobre el ocultamiento de información, así como de detenidos en la 7ª cuyas declaraciones daban indicios de que el joven fue torturado.
El juez baraja como hipótesis que, entre la noche del 6 de octubre y la madrugada del 7 de octubre de 2014, Casco fue alojado como demorado en dicha seccional, donde habría sufrido una paliza que terminó en muerte. Desde entonces se perdió “todo rastro suyo”.
Vera Barros atribuyó esta situación “a un accionar policial que impidió formalizar su búsqueda” y alegó graves “irregularidades e inconsistencias” que además “sugieren la intencionalidad de ocultar el verdadero estado de cosas sobre los motivos de la desaparición” de Franco.
Los acusados
El juez determinó que Diego José Álvarez, ex jefe de la seccional, así como Cecilia Rut Elisabet Contino y Walter Eduardo Benítez, “fueron nombrados por testigos como aquellos que, entre otros, intervinieron en las golpizas” cuando Franco “se encontraba en el calabozo denominado la jaulita”. Por este motivo los procesó como “coautores de desaparición forzada” y les atribuyó “imposición de tortura”. Ambos delitos, agravados por la muerte de la víctima, prevén penas de prisión perpetua.
A sus vez, los policías César Daniel Acosta, Guillermo Hernán Gysel, Cintia Débora Greiner, Rocío Guadalupe Hernández, Marcelo Alberto Guerrero, Enrique Nicolás Gianola Rocha y Esteban Daniel Silva fueron procesados como coautores de desaparición forzada de persona agravada por la muerte.
Por el mismo delito de desaparición forzada, pero como partícipes secundarios, quedaron involucrados Cristina Ida Riesco, Susana Beatriz Carreño, Belkis Elisabeth González, Franco Luciano Zorzoli, Ariel Waldemar Saucedo, Gisela Viviana Giménez, Rodolfo Jesús Murúa, Claudia Roxana Barbieri Galván, Juan José Acuña, Walter Daniel Ortiz, Yanina Gisella Arévalo, Romina Mailén Brítez, Romina Anahí Díaz, Fernando Esteban Blanco y Yamila Alejandra Valdez.
Por encubrimiento agravado, quedaron imputados los efectivos de Asuntos Internos Aníbal Candia, Sergio Damián Pieroni, Carlos Alberto Ríos, Pablo Andrés Síscaro y Daniel Augusto Escobar. La resolución contempla que los acusados ocultaron pruebas o bien ayudaron al autor o partícipe a ocultarlos. La pena podría superar los tres años ya que se trató de un delito cometido por funcionarios públicos.
Similitudes con
el caso Maldonado
Conocida la decisión judicial, el abogado de la familia de Franco Casco, Salvador Vera, comparó su caso con el de Santiago Maldonado, quien hace dos meses se encuentra desaparecido. El letrado aseguró que “es alarmante cómo actúan las fuerzas de seguridad” y sostuvo que “parecería que hay un manual del desaparecedor”.
Vera reconstruyó que ese “manual” apunta a que las autoridades primero comienzan a “trabajar sobre las pistas falsas”, para luego “embarrar a la víctima o la familia con diferentes versiones”. “En ambos casos había versiones de que se los había visto en algún lado. En el caso Casco, primero decían que lo habían visto en la Terminal de Ómnibus y después en alguna calle”, advirtió.
A pesar de estas similitudes, los organismos defensores de los derechos Humanos de Florencio Varela han sido indiferentes a este caso. Hace 15 dias llevaron a cabo una marcha por Maldonado y en apoyo al docente Federico Mendoza, pero nadie llevó un cartel de Casco. Más aun grave es la indiferencia de la Dirección de Derechos Humanos municipal, a cargo de Guillermo Ñánez, quien tilda a este diario de berreta, pero no puede explicar porqué reclama la libertad de la procesada y condenada Milagro Sala. La municipalidad debería reveer estas situaciones, porque en Rosario la comunidad salió a la calle por Franco Casco y en la localidad que lo vio nacer, los DDHH son indiferentes.

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