Rige la resolución que obliga a jueces y magistrados provinciales a presentar sus declaraciones juradas

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Una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires obliga ahora a los jueces a presentar sus declaraciones juradas. Distintas asociaciones que los nuclean se habían mostrado en contra.

La Suprema Corte de Justicia bonaerense dispuso que todos los jueces de la provincia de Buenos Aires presenten de forma obligatoria su declaración jurada de bienes, una medida que también alcanzará a peritos oficiales y otros funcionarios del Poder Judicial.

 

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A través del Acuerdo 3880, suscripto el miércoles, el máximo tribunal bonaerense aprobó el reglamento de declaraciones juradas patrimoniales, que obliga a presentar un detalle de sus bienes a todos los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, los peritos oficiales y los agentes que se encuentran sujetos a un especial control, como los que intervengan en procedimientos de adquisición de bienes o servicios o que participen en la administración y gestión de bienes del Estado. Asimismo, y en su artículo segundo, se detalla que “la declaración jurada patrimonial se realizará a través del sitio web de la Suprema Corte de Justicia y del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, y se remitirá por vía telemática, suscripta con firma digital, al Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales” y tendrán que presentarla una vez al año.
Además, se indica que “en los casos de cese por renuncia, se presentará una declaración jurada patrimonial actualizada, obstando su falta de presentación a la aceptación de la dimisión”.
Si bien la resolución tiene alcance provincial, distintas asociaciones que nuclean a los letrados se habían mostrado en contra de la iniciativa, como la Asociación de Magistrados que, a través de un comunicado, habían dicho que la presentación de las declaraciones juradas podían “comprometer la seguridad”.
“Resulta imprescindible que determinados datos o aspectos que posean entidad suficiente para comprometer la seguridad personal de quienes integramos este poder del Estado y nuestras familias, se encuentren garantizados con un régimen que exija la acreditación de un interés real y jurídicamente valioso para acceder a dicha información”, sostuvieron a través de un comunicado que difundieron en julio pasado.

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