“Salud mental: grave déficit en Varela de profesionales para contener la demanda”

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La ley de Salud Mental, aprobada en 2011, reconoce los derechos de las personas con padecimiento mental. Algunos de los mencionados son:
. Derecho a recibir atención sanitaria y social integral y humanizada, a partir del acceso gratuito, igualitario y equitativo a las prestaciones e insumos necesarios, con el objeto de asegurar la recuperación y preservación de su salud.
Derecho a recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente, que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria.
. Derecho a recibir un tratamiento personalizado en un ambiente apto con resguardo de su intimidad, siendo reconocido siempre como sujeto de derecho, con el pleno respeto de su vida privada y libertad de comunicación.
Actualmente, en Florencio Varela contamos con siete psiquiatras distribuidos en los CAPS y dos psiquiatras en el Hospital Mi Pueblo. La pérdida del poder adquisitivo por la insuficiente actualización salarial respecto a la inflación, lleva a la situación actual de estos últimos meses, en la que tres psiquiatras han dejado de atender, ya sea renunciando o solicitando licencia sin goce de sueldo. A esto se le suma la creciente demanda de atención sanitaria en el sistema público debido a la crisis macroeconómica que atraviesa el país que lleva a la población a no poder costear la prepaga o a perder su obra social.
Tampoco hay suficientes psicólogos, la mayoría de los profesionales reparten sus tareas en dos o tres Centros de Salud y las zonas de influencia adjudicadas a cada uno son muy grandes y pobladas.
Por último, es sabido que en un contexto de deterioro de variables socioeconómicas, aumenta la demanda en salud mental. Para una población de 426 mil habitantes, según el censo de 2010, y con la declaración de la OMS en 2013 de aumentar un 20% a nivel mundial los recursos en salud mental, la oferta es insuficiente.
Por la mayor demanda y con menos profesionales resulta un servicio colapsado, esto último a contramano de la tendencia mundial y lejos de los más de 10 psiquiatras cada 100.000 habitantes como mínimo para garantizar cobertura. Según el Primer Estudio Epidemiológico Nacional del año 2018, 1 de cada 3 personas padecerá una enfermedad mental a lo largo de su vida, con una prevalencia de 1 en 10.
Por estos motivos expuestos, es necesaria una política seria en la materia para evitar la sangría de profesionales, garantizando la salud mental de la población y así preservar el derecho universal e inalienable a la salud pública.
CICOP – Seccional Florencio Varela

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